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Derecho a la ciudad

Dharavi, una de las áreas urbanas hiperdegradadas más prominentes de Bombay, se estima que puede tener un valor de 2 millardos de dólares. La presión para desalojarla –aduciendo razones ambientales y sociales que ocultan el apoderamiento del suelo– asciende día tras día. Los poderes financieros, respaldados por el Estado, presionan para que se produzca un desalojo por la fuerza, con la intención de apropiarse violentamente de terrenos en algunos casos ocupados durante una generación.

 Se trata de acumulación de capital mediante booms de actividad inmobiliaria, ya que el suelo se adquiere  prácticamente sin ningún coste. ¿Será compensada la gente que es desplazada? Los afortunados obtendrán algo, pero aunque la Constitución india especifica que el Estado tiene la obligación de proteger las vidas y el bienestar del conjunto de la población, con independencia de la clase o la casta, y de garantizar los derechos a la vivienda y el alojamiento, el Tribunal Supremo ha dictado sentencias que reescriben esa exigencia constitucional. Como los habitantes de esas áreas urbanas hiperdegradadas son ocupantes ilegales y muchos no pueden demostrar de modo irreprochable una residencia prolongada, no tienen derecho de compensación. Conceder tal derecho, afirma el Tribunal Supremo, equivaldría a recompensar a los rateros por sus acciones, de modo que los ocupantes ilegales, o bien resisten y luchan, o bien se trasladan con sus pocas pertenencias para acampar en los márgenes de las autopistas o donde puedan encontrar un reducido lugar para instalarse

Ejemplos de desposesión pueden encontrarse también en Estados Unidos, aunque éstos tienden a ser menos brutales y más legalistas: el derecho del Estado al dominio eminente ha sido objeto de abuso a fin de desplazar a residentes establecidos en viviendas razonables en beneficio de usos del suelo de mayor importancia como grandes edificios de viviendas y centros comerciales. Cuando tal comportamiento llegó al Tribunal Supremo estadounidense, los jueces sentenciaron que era constitucional que las autoridades locales se comportasen de ese modo para incrementar la base imponible de sus impuestos sobre la propiedad

En China, millones de personas están siendo desposeídas de los espacios que han ocupado durante largo tiempo, ascendiendo a 3 millones únicamente en Pekín.

Considérese el caso de Seúl durante la década de 1990: las empresas de construcción y los promotores inmobiliarios contrataron escuadras de matones con complexión de luchadores de sumo para invadir los barrios de las colinas de la ciudad.

D. Harvey, The New Imperialism, Oxford, 2003, capítulo 4

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Esta entrada fue publicada el 25 de noviembre de 2011 por en trabajos.
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